Más de 4.000 profesores, directivos, apoderados y estudiantes se sumaron a la instancia convocada por las universidades Católica y de Chile.
Una de ellas ha sido el proceso denominado ‘Tenemos que hablar de Chile’, convocado por la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile, que desde el año pasado, con el foco específico ‘Tenemos que hablar de Educación’, invitó a más de 8 mil profesores, directivos, apoderados y estudiantes de todo el país a reflexionar sobre los principales desafíos que tenemos como país para lograr una educación. Durante este año, la iniciativa ha reunido a más de 4 mil personas en diferentes encuentros, buscando responder: ‘¿Qué es lo que no puede quedar fuera de la discusión constitucional?’. Los especialistas que han participado del proceso tienen diferentes miradas sobre el escenario actual en materia educativa. La exministra de Educación Adriana Delpiano plantea que ‘la educación pública en Chile constituyó por muchos años un estándar en el país. Después de la dictadura, se empobreció la educación pública. Perfectamente debiéramos poner un foco en este tópico porque garantiza y entrega un elemento de pertenencia’. En ese sentido, puntualiza en la mirada sobre los docentes: ‘Hablaría del profesor como el profesional cuya tarea es educar apoyado por otros profesionales, porque la educación es un proceso integral. Sí le daría un valor: que las comunidades educativas son un elemento muy importante en los sentidos y propósitos de grupos humanos’. Por su parte, Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, apunta a que ‘nuestra Constitución debe reconocer el derecho a la educación y la libertad de enseñanza como derechos fundamentales, reconocidos además en los tratados internacionales’. Esto también haría frente a la propuesta del precandidato presidencial Gabriel Boric de eliminar la selección de alumnos en establecimientos particulares, lo que según diferentes especialistas atenta contra la libertad de enseñanza. Vergara añade que ‘también debe reconocerse el derecho preferente que tienen los padres en la educación de sus hijos, y por lo tanto, de elegir la educación que quieren para ellos. De la mano a esto, debe reconocerse la colaboración público-privada, permitiendo que pueda existir un sistema mixto de provisión’, y que ‘el rol del Estado en promover la educación de calidad y dar garantías para el ejercicio de estos derechos’. Lorena Céspedes, profesora finalista del Global Teacher Prize Chile 2020, dice que ‘la educación ha estado sustentada en los últimos años en una lógica de mercado y de competencia, por ejemplo, al basarse la calidad en pruebas estandarizadas que lo que logran es hacer competir a los establecimientos y por ende, a los y las estudiantes’. También considera que la educación ‘es un derecho que debemos establecer en la nueva Constitución, considerándola no solo respecto del acceso, sino que también de la garantía de generar altos estándares de calidad no solo cuantificables, sino que también cualitativos’. Javier González, director ejecutivo de Summa, laboratorio de investigación e innovación en América Latina y el Caribe, señala que para lograr una sociedad en que todos tengan los mismos derechos —como lo busca su entidad a cargo del banco Interamericano de Desarrollo (BID)— se deben ‘plasmar con mucha fuerza en la Constitución
