Por Carlos Carrasco Bravo, Coordinador de Relacionamiento e Incidencia área Educación, Fundación Luksic.
La primera semana de marzo, más de 2 millones de estudiantes y más de 100 mil profesores vuelven a clases, a nivel nacional. Si el año pasado el debate estuvo centrado en la reactivación educativa, es fundamental volver a posicionar la calidad de la educación como una prioridad nacional, pues prácticamente todos los quienes vivimos en Chile nos vinculamos con ella, sea en nuestro rol de alumnos, hermanos, padres, apoderados, profesores, asistentes de la educación o personas que, a través de nuestras experiencias, queremos promover más y mejores oportunidades para los niños, jóvenes y adultos que viven en nuestro país.
El regreso a clases emociona, entusiasma, hay alegría e interés por volver a reencontrarse en las salas o en los patios. Pero en la región de Valparaíso, son cerca de 4 mil estudiantes o docentes que enfrentarán dificultades en su retorno al colegio tras perder sus casas o, en algunos casos, ver sus colegios afectados por los incendios.
En ese sentido, la colaboración público-privada es prioritaria. En esta emergencia, tanto la sociedad civil como el Estado tenemos objetivos convergentes. De forma coordinada, podemos implementar acciones que contribuyan a potenciar los aprendizajes y hacer de los establecimientos escolares espacios seguros e inclusivos, priorizar aspectos socioemocionales que fortalezcan el vínculo entre los protagonistas de la escuela -estudiantes, apoderados y equipos docentes y directivos- pero también apoyar con recursos que permitan reconstruir la confianza y la dignidad de las familias afectadas.
Esta nueva catástrofe no puede paralizarnos, al contrario, tiene que movilizarnos para buscar respuestas oportunas y efectivas, que apoyen a las comunidades educativas en el retorno al colegio. Es esencial visibilizar el valor de la escuela, no solo para que los estudiantes aprendan y alcancen su máximo potencial, sino que para que puedan construir trayectorias de vida que amplíen sus oportunidades, que puedan cumplir sus sueños y, como consecuencia, contribuir al desarrollo de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible.
Los desafíos educativos son multidimensionales, y la colaboración entre la sociedad civil, el sector privado y el Estado permite aumentar recursos, ampliar el alcance y agilizar los apoyos que tanto se necesitan en momentos de crisis. Al final, todos queremos aportar a la construcción de un mejor país.
